La Procuraduría General de la República Dominicana anunció en su página oficial que un tribunal ha condenado a cinco personas, entre ellos tres civiles y dos miembros de la Policía Nacional por la tortura y muerte de David de los Santos.
Actualidad21 de junio de 2023
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La Procuraduría General de la República Dominicana anunció en su página oficial que un tribunal ha condenado a cinco personas, entre ellos tres civiles y dos miembros de la Policía Nacional, a penas de 30 y 15 años de prisión tras ser hallados culpables de torturar y provocar la muerte a David de los Santos.
Según el fallo judicial, los hechos sucedieron en 2019, cuando David de los Santos fue detenido en una operación de control de drogas y posteriormente llevado a un lugar desconocido. Allí fue torturado por los tres civiles a instancias de los dos policías en busca de información acerca de un supuesto decomiso de drogas.
La víctima, de 31 años, falleció a causa de las lesiones sufridas y su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa a varios kilómetros de donde había sido detenido. Los responsables de su muerte ahora enfrentan largas penas de cárcel, que incluyen 30 años para los tres civiles y 15 años para los miembros de la policía.
Este caso ha generado un amplio debate en la sociedad dominicana sobre la violación de los derechos humanos y el abuso de poder por parte de las fuerzas del orden. La condena a los responsables es vista como un paso importante en la lucha contra estos problemas y la preservación de la justicia y la paz social.
El tribunal, además de imponer las penas de prisión correspondientes, también ordenó a los culpables pagar una indemnización económica a los familiares de la víctima por los daños morales y materiales ocasionados.
La Procuraduría General de la República Dominicana reafirmó su compromiso de continuar combatiendo la impunidad y enfrentando todas las formas de abuso y violación a los derechos fundamentales de las personas, sin importar si estos actos provienen de personas civiles o miembros de cuerpos de seguridad del Estado.
Este caso resalta la necesidad de seguir trabajando para que los ciudadanos puedan confiar en las instituciones encargadas de velar por su seguridad y bienestar, y se sientan protegidos y respaldados por las leyes del país.
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