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El Caso Super Tucano es un caso de corrupción que ha estado en el ojo público de la República Dominicana por varios años. En 2017, el Ministerio Público presentó cargos por corrupción contra el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, el coronel Carlos Piccini Núñez, el empresario Daniel Aquino Hernández, y las firmas 4D Business Group y Magycor. Estas personas y empresas fueron acusadas de haber recibido sobornos por parte de la empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para ser escogida como la suplidora de ocho aviones de combate "Super Tucano".
En septiembre de 2022, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó a los acusados de toda responsabilidad en los hechos. Sin embargo, el Ministerio Público presentó una solicitud de apelación, argumentando que se habían violado las leyes y los procedimientos en el juicio original. Tras esta solicitud, la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha anulado la sentencia y ha ordenado la celebración de un nuevo juicio en el Caso Super Tucano.
La decisión de la corte de apelación ha sido celebrada por el fiscal José Miguel Marmolejos, quien la ha calificado como "histórica en la lucha contra la corrupción y la impunidad". Para Marmolejos, el Caso Super Tucano representa una de las mayores manifestaciones de corrupción en la historia de la República Dominicana, por lo que es necesario que se haga justicia.
